El Gobierno defiende la cláusula suelo | Hipoteca10.com

Habían hablado todos menos el Ejecutivo. Comenzaron los consumidores, que protestaron contra las cláusulas suelos por la falta de información al contratarlas. Unos reproches que les llevaron incluso a manifestarse en algunas zonas de España, como Pamplona. También se quejaron los políticos, que llegaron a sacar adelante desde el Senado una instancia para prohibir este tipo de disposiciones por considerarlas abusivas.

Finalmente, el Gobierno manifestó su posición al respecto. La vicepresidenta, Elena Salgado, defendió el establecimiento de estos clips hipotecarios. La razón argumentada es la misma que sostienen las entidades financieras: estas disposiciones que se fijan independientemente de la evolución del Euribor son de libre contratación. “Por lo tanto, no suponen de entrada un abuso para el cliente y, en caso de haberlo, existen procedimientos de reclamación”, subrayó Salgado.

Las declaraciones de la vicepresidenta se produjeron como respuesta a una pregunta en el Congreso del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. “El cliente que contrata una hipoteca con esta cláusula tiene libertad de aceptarla o no. Además, los intereses de los usuarios están absolutamente protegidos por una normativa que les reserva el derecho a recibir la información necesaria”, expuso Salgado.

Una posición que contrasta de manera radical con algunas sentencias judiciales. La Diputación Provincial de Álava no tuvo reparos en calificar las cláusulas suelo como “oscuras”. Pero desde el Gobierno no se cansaron de repetir que este producto financiero es “voluntario”.

Una premisa que aceptan una parte de los afectados, que ponen más el acento en la falta de información desde la banca. En ese sentido, Salgado recordó que las entidades financieras están obligadas a actuar con trasparencia y a ofrecer información veraz.

Por ello, las palabras de la vicepresidenta parecen descartar la posibilidad de que se elabore una legislación que elimine este tipo de activos con carácter retroactivo. Las medidas del Ejecutivo a partir de ahora se basarán en tutelar los procedimientos de reclamación de los usuarios.