Los swaps llevan a la banca ante la Justicia | Hipoteca10.com

El futuro de la banca española pasa por los tribunales. Las entidades financieras ya lo tienen asumido y se preparan para un aluvión de demandas por la venta de productos hipotecarios como los swaps o cláusulas suelo. Unos activos que, según los afectados, se vendieron para protegerlos de las subidas de los tipos de interés; y que ahora impiden que se beneficien de la bajada de los tipos derivada de la crisis.

Los ciudadanos esperaban que el desplome del Euribor trajera consigo un ahorro considerable en sus cuotas hipotecarias. En muchos casos fue así, pero algunas personas se encontraron con que los activos que habían firmado impedían que se beneficiaran de la coyuntura. Entonces se multiplicaron las protestas, que llegaron en algunos casos a manifestaciones en la vía pública (a la que se unieron los políticos).

El Senado instó también al Gobierno a que declarara las cláusulas suelo como abusivas. Pero el entramado legislativo está muy enmarañado. De hecho, en abril de 2003 se aprobó un Real Decreto por el que se obligó a la banca a ofrecer instrumentos a los hipotecados para protegerse del aumento de los tipos. Una situación ante la que el Ejecutivo aún no se ha pronunciado, aunque tendrá que responder esta semana en el Congreso a una pregunta de un diputado.

El abogado Juan Ignacio Navas estudia actualmente el contexto legal que define a estos activos financieros y, además, se encuentra preparando una treintena de demandas contra los bancos. “Estas cláusulas son productos de permuta financiera que permiten que el cliente no pague más de un determinado tipo de interés por mucho que suba el precio del dinero, pero que no le dejan beneficiarse cuando baja”, argumentó Navas, que añadió también que los bancos no informaron en su día de las desventajas de estos productos y de sus altos costes de cancelación.

Algunas sentencias ya han dado la razón a los denunciantes. La Audiencia Provincial de Álava definió estas cláusulas como “oscuras” y apostilló que el cliente quedaba “en situación de inferioridad” porque firmaba un documento “creyendo que le beneficiaba cuando en realidad no podía entender las operaciones”.