La letra pequeña del acuerdo VPO | Hipoteca10.com

El acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial y las entidades bancarias adoptado por el gobierno para financiar por medio de avales el 50% de los préstamos hipotecarios formalizados para la adquisición de viviendas VPO,  tiene truco.

El análisis técnico de la situación indica que el mercado hipotecario, tal y como se encuentra hoy, no se va a ver beneficiado por esta medida ya que no resulta de interés para nadie.

Prestamistas y prestatarios e incluso el estado,  salen perjudicados de esta línea de financiación.

El acuerdo está firmado aunque el ICO ha informado que no estar disponible hasta septiembre y con los siguientes requisitos:

El ICO no avalará ningún crédito que supere el 80% del valor de tasación. En términos de viviendas de protección oficial este no es un dato menor, ya que la vivienda VPO  está pensada para el acceso de los más jóvenes a su primera vivienda, por lo que la necesidad de tener un 20% de ahorros y más en un momento en el que el mercado laboral castiga especialmente a ese colectivo, hace que el porcentaje de formalización de hipotecas se reduzca drásticamente.

El aval que percibe la entidad finalmente está por debajo del 60% lo que hace que no resulte de interés alguno para las entidades ya que las condiciones en las que concederían financiación sin contar con los avales estatales amplían el margen de beneficios.

Y por otra parte existe una desventaja aún mayor, los ratios de morosidad de las entidades no pueden superar el 3% por lo que es complicado que una entidad asuma ese riesgo en un momento como el actual, en el que la morosidad depende de factores externos muy dañados y sin previsiones de mejorar, como el mercado laboral y la inflación.

El análisis técnico indica que para que la medida fuera eficaz y reactivara de forma activa el mercado inmobiliario acabando con el stock de viviendas sin vender y frenando la escalada de morosidad debería cumplir los siguientes requisitos:

Financiación por encima del 80% del valor de .
Cobertura homogénea para todas las entidades.
Flexibilización de los ratios de morosidad.
Liberación del estado como principal pagador en el caso de embargo.

Los impagos de las hipotecas que eventualmente se formalicen bajo esta línea de financiamiento, supondrán un incremento descomunal del déficit público y no sería de extrañar que tuviéramos que ser testigos de nuevos incrementos en los impuestos para financiar ese déficit.